Ley 5-13 y derechos de las personas con discapacidad en República Dominicana

La Ley 5-13 es la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada el 15 de enero de 2013. Es la norma principal que reconoce y protege los derechos de las personas con discapacidad en República Dominicana, y su reglamento de aplicación es el Decreto 363-16.

Ampara a toda persona con discapacidad física, sensorial, intelectual o psicosocial que viva en el país, y también a las familias, a las organizaciones sin fines de lucro del sector y a las instituciones públicas y empresas que deben cumplirla. En esta guía encontrarás qué derechos reconoce la ley en educación, empleo, salud, accesibilidad y protección social; qué artículo respalda cada obligación; cuál es la cuota laboral real y a quién obliga; y a qué institución acudir cuando un derecho no se respeta.

Aviso: esta página es orientación informativa elaborada a partir del texto oficial de la ley y su reglamento. No sustituye la asesoría de un abogado ni la respuesta oficial de la institución competente.

1. ¿Qué es la Ley 5-13 y qué alcance tiene?

El artículo 1 establece que la ley «ampara y garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades a todas las personas con discapacidad», y además regula a las personas morales sin fines de lucro cuyo objeto social sea mejorar la calidad de vida de estas personas. Su párrafo aclara que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general: no son recomendaciones, son de cumplimiento obligatorio.

El artículo 2 fija los principios sobre los que se apoya: respeto a la dignidad inherente a la condición humana, no discriminación, igualdad de derechos, equidad, solidaridad y justicia social, entre otros.

Es una ley orgánica, es decir, del rango que la Constitución reserva a las normas que desarrollan derechos fundamentales. El CONADIS (Consejo Nacional de Discapacidad) es el organismo rector encargado de coordinar su aplicación; si quieres conocerlo en detalle, lee qué es el CONADIS y qué servicios ofrece. Para un recorrido artículo por artículo, tenemos además la guía completa de la Ley 5-13.

2. Los derechos que reconoce la ley, de un vistazo

Esta tabla resume dónde está respaldado cada derecho y qué institución interviene. Solo se incluyen las disposiciones que pudieron verificarse en el texto oficial.

Derecho o tema	Qué establece	Norma	Institución relacionada
Igualdad y no discriminación	Garantiza la igualdad de derechos y la equiparación de oportunidades; sus disposiciones son de orden público	Ley 5-13, arts. 1 y 2	CONADIS
Educación inclusiva	El Estado debe garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades, durante toda la vida, sin discriminación	Ley 5-13, art. 11	MINERD, MESCyT, INFOTEP
Empleo y cuota laboral	La participación de personas con discapacidad en las nóminas no será inferior al 5% en el sector público ni al 2% en el privado	Ley 5-13, arts. 14 y 80	Ministerio de Trabajo, MAP, CONADIS
Ajustes razonables en el trabajo	El CONADIS procurará que las instituciones públicas y privadas realicen los ajustes razonables en el lugar de trabajo	Ley 5-13, art. 91	CONADIS, Ministerio de Trabajo
Accesibilidad universal	Acceso efectivo al entorno físico, el transporte, la comunicación, la información y las TIC, y a servicios e instalaciones abiertos al público	Ley 5-13, art. 15	CONADIS, INDOCAL, MOPC, ayuntamientos
Salud y rehabilitación	Obligación estatal de velar por la protección de la salud y de verificar los servicios de rehabilitación	Ley 5-13, arts. 6, 7, 9 y 10	MISPAS, SNS, SeNaSa
Exención de impuestos	Libera del pago de impuestos a equipos, materiales y dispositivos de apoyo, e incluye medios de transporte, previa certificación	Ley 5-13, arts. 20 y 21	CONADIS, DGA, DGII, Hacienda
Certificación de la discapacidad	La valoración se rige por la CIF de la OMS y el CONADIS está facultado a expedir las certificaciones	Ley 5-13, arts. 61 y 63	CONADIS
Protección social	El Estado debe cumplir la legislación de seguridad social aplicable; los beneficios de la seguridad social no limitan otros complementarios	Ley 5-13, arts. 16, 75 y 89	Seguridad social, DIDA, CONADIS
Sanciones	Las violaciones se sancionan según la propia ley, el Código Penal, el Código Civil y legislaciones especiales, y pueden dar lugar a demandas en daños y perjuicios	Ley 5-13, art. 140	Tribunales, Ministerio Público

3. Educación

El artículo 11 de la Ley 5-13 obliga al Estado a garantizar que las personas con discapacidad «tengan acceso a la educación en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones». Su párrafo añade que, para la inclusión de personas con discapacidad intelectual, debe tomarse en cuenta su edad mental y funcional y adecuarse los requisitos de ingreso a los centros educativos.

El Decreto 363-16 concreta esa obligación:

Accesibilidad de los centros (art. 21): el MINERD, el MESCyT y el INFOTEP deben adecuar procesos, espacios, equipos, mobiliario y materiales didácticos en todos los niveles.
Adaptaciones curriculares (art. 23): esas mismas instituciones vigilan que se apliquen las adaptaciones desarrolladas para responder a necesidades específicas.
Becas (art. 25): los colegios privados preuniversitarios y las instituciones de educación superior deben otorgar becas totales a personas con discapacidad equivalentes al menos al 1% de la matrícula inscrita; si la matrícula es inferior a 100 estudiantes, al menos una beca total.
Formación universitaria (art. 24): el MESCyT debe incluir asignaturas sobre discapacidad en los pénsums.

Si vas a inscribir a un hijo o necesitas apoyos en el aula, amplía en nuestra guía de educación inclusiva en República Dominicana. Para el acceso a la comunicación en el aula, revisa también lengua de señas dominicana.

4. Empleo y cuota laboral

El artículo 14 fija la política de integración laboral y su párrafo es la base de la cuota: la participación de personas con discapacidad en las nóminas «nunca será inferior al cinco por ciento (5%) en el sector público y al dos por ciento (2%) en el sector privado, en entornos laborales abiertos, inclusivos, accesibles y en condiciones de igualdad». El artículo 80, que crea el Departamento de Trabajo y Empleo del CONADIS, repite esos porcentajes en su párrafo II y añade en el párrafo I que las personas contratadas deben gozar de las mismas condiciones, salarios y protección contra abusos laborales que el resto.

La Ley fija los porcentajes; el Decreto 363-16 es el que define a quién obligan y cómo se calculan. Es la distinción que más confusión genera:

Tema	Norma	Artículo	Qué establece
Porcentajes de la cuota	Ley 5-13	14 (párrafo) y 80 (párrafo II)	No inferior al 5% en el sector público ni al 2% en el sector privado
A qué empresas privadas obliga	Decreto 363-16	34	El 2% es obligatorio para las empresas privadas cuya nómina sea de al menos 25 empleados; el cálculo se hace por exceso, redondeando al entero superior, con cumplimiento gradual en un plazo máximo de 3 años
A qué entidades públicas obliga	Decreto 363-16	37	El 5% es obligatorio para todas las instituciones del Estado; cálculo por exceso y cumplimiento gradual en un plazo máximo de 2 años
Quién fiscaliza el sector privado	Decreto 363-16	33	El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el CONADIS, verifica la cuota y también las condiciones de accesibilidad y los ajustes razonables
Quién fiscaliza el sector público	Decreto 363-16	36	El MAP, en coordinación con el CONADIS, verifica la cuota, la accesibilidad y los ajustes razonables en las instituciones del Estado
Ajustes razonables	Ley 5-13	91	El CONADIS procurará que las instituciones públicas y privadas realicen los ajustes razonables para equiparar oportunidades en el lugar de trabajo
Incentivo por contratar	Ley 5-13	84 (párrafo)	«El dos por ciento (2%) de los empleos del sector privado serán deducidos del pago de los impuestos al fisco». El cuerpo del artículo encarga al CONADIS mantener un enlace continuo con el Ministerio de Trabajo para consolidar planes de colocación

Dos precisiones importantes. La primera: el artículo 84 no es el que regula las exoneraciones de vehículos o de ayudas técnicas —eso está en los artículos 20 y siguientes—, sino un incentivo ligado a la contratación. La segunda: el artículo 91 redacta el deber de ajustes razonables como una gestión del CONADIS, no como una sanción automática al empleador; la vía de verificación práctica es la fiscalización del Ministerio de Trabajo o del MAP prevista en el reglamento.

Si buscas empleo, te servirá la guía de inclusión laboral para personas con discapacidad. Si eres empleador y necesitas cumplir la cuota, la guía práctica es cómo crear un entorno de trabajo inclusivo. Y si ya estás empleado, revisa tus derechos laborales frente al despido y la discriminación.

5. Accesibilidad

El artículo 15 define la finalidad de las políticas de accesibilidad universal: asegurar el acceso efectivo «al entorno físico, al transporte, la comunicación, la información y al conocimiento, incluidas las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertas al público», tanto en zonas urbano marginales como rurales. Su párrafo encarga al Estado, a través del CONADIS, asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones legales existentes en la materia.

El Decreto 363-16 establece el mecanismo concreto:

Norma Nacional de Accesibilidad Universal (art. 42): el CONADIS, junto al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), coordina su elaboración; esa norma es la que reglamenta la accesibilidad arquitectónica y urbana.
Plazo de adecuación (art. 44): dentro de los cuatro años siguientes a la aprobación de esa norma, todos los entornos y servicios existentes deben cumplir sus exigencias.
Revisión de planos (art. 45): el personal que revisa y aprueba planos en el MOPC y en el planeamiento urbano de los ayuntamientos interviene en el control de la accesibilidad de las nuevas edificaciones.

Conviene no confundir una buena práctica con una obligación legal. La ley enuncia el derecho de acceso y encarga al Estado desarrollarlo mediante una norma técnica; los requisitos concretos y exigibles para un edificio o un medio de transporte son los de esa norma técnica y los de la reglamentación sectorial, no un artículo suelto de la Ley 5-13. Un caso muy consultado es el del estacionamiento accesible, y para desplazamientos y ayudas técnicas puede ayudarte la guía de discapacidad motora y movilidad reducida. En accesibilidad de la comunicación, la referencia es la discapacidad auditiva y los apoyos disponibles.

6. Salud

La Ley 5-13 dedica varios artículos a la salud. El artículo 6 establece la obligación del Estado de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad; el artículo 7 asigna al Ministerio de Salud Pública la función de asegurar una atención adecuada; el artículo 9 impone deberes a los centros de salud públicos y privados que atienden embarazadas, dentro de la política de prevención; y el artículo 10 obliga al Estado, a través del CONADIS, a verificar los servicios de rehabilitación.

El Decreto 363-16 reparte esas tareas entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Servicio Nacional de Salud, en coordinación con el CONADIS, e incluye el trato digno, la formación del personal sanitario y la accesibilidad de los establecimientos (arts. 6 a 17).

La cobertura y el acceso a servicios, en cambio, se rigen por el Sistema Dominicano de Seguridad Social, no por la Ley 5-13. Lo que cubre el seguro público lo explicamos en SeNaSa y discapacidad: qué cubre.

7. Protección social, exoneraciones y beneficios

Aquí es donde más se mezclan normas distintas, así que conviene separarlas.

Lo que sí establece la Ley 5-13. El artículo 20 dispone que el Estado, previa certificación de los organismos competentes, libere del pago de todo tipo de impuestos a los equipos, materiales y dispositivos de apoyo destinados al uso o servicio de las personas con discapacidad, y a los proyectos productivos emprendidos para su promoción socioeconómica; su párrafo I extiende la exención a los medios de transporte, adaptados o no, previo examen de los organismos fiscales y autorización del organismo rector. El artículo 21 enumera quiénes pueden solicitarla: las propias personas con discapacidad, las organizaciones de y para personas con discapacidad, y empresas, entre otros. El Decreto 363-16 encarga al Ministerio de Hacienda, la DGA y la DGII, junto al CONADIS, desarrollar el procedimiento de esas deducciones e incentivos (art. 66).

En la práctica el CONADIS emite una Certificación de No Objeción a Exoneración de Impuestos (vehículo de motor, dispositivos de apoyo, ITBIS y transferencia inmobiliaria) y la exoneración se resuelve ante Aduanas o la DGII. El detalle está en exoneración de impuestos por discapacidad.

Lo que no establece la Ley 5-13. Las pensiones —contributiva o solidaria— y los subsidios sociales no nacen de esta ley, sino del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de los programas del Estado. Lo que hace la Ley 5-13 es obligar al Estado, a través del CONADIS, a cumplir la legislación de seguridad social aplicable a las personas con discapacidad (art. 16), aclarar que esos beneficios no limitan otros complementarios (art. 75) y encargar al CONADIS procurar un apoyo económico especial para quienes no reciben ningún subsidio y no pueden integrarse socioeconómicamente (art. 89). Para lo práctico: pensión por discapacidad, paso a paso y ayudas económicas disponibles. Si el cuidado recae sobre un familiar, revisa derechos y apoyos para cuidadores.

Casi todos estos trámites parten del mismo documento: el certificado de discapacidad. La valoración se rige por la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF) de la OMS (art. 61) y el CONADIS está facultado a expedir las certificaciones (art. 63). El procedimiento completo está en cómo solicitar el carnet de discapacidad y en la sección de CONADIS y trámites.

8. ¿Qué hacer si no se respetan tus derechos?

No todo se reclama en el mismo sitio. El artículo 140 de la Ley 5-13 remite las violaciones a la propia ley, al Código Penal, al Código Civil y a las legislaciones especiales, y admite demandas en reparación de daños y perjuicios. Antes de eso, la vía administrativa suele ser la más rápida: identifica el tipo de problema y acude a la institución que tiene la competencia.

Tipo de problema	Dónde acudir	Respaldo
Incumplimiento de la cuota, despido o discriminación en una empresa privada	Ministerio de Trabajo, en coordinación con el CONADIS	Decreto 363-16, art. 33
Incumplimiento en una institución del Estado	Ministerio de Administración Pública (MAP), en coordinación con el CONADIS	Decreto 363-16, art. 36
Problemas con el certificado de discapacidad o con la valoración	CONADIS	Ley 5-13, arts. 61 y 63
Necesitas representación legal por vulneración de derechos	CONADIS (asistencia legal)	Decreto 363-16, art. 71
Afiliación, cobertura, pensión o prestaciones de la seguridad social	DIDA, que informa y defiende a los afiliados del sistema	Sistema Dominicano de Seguridad Social
Barreras de accesibilidad en obras o en el entorno urbano	CONADIS y el ayuntamiento o el MOPC según la obra	Decreto 363-16, arts. 42 a 45
Negativa de acceso a un centro educativo o falta de apoyos	MINERD (preuniversitario) o MESCyT (superior), en coordinación con el CONADIS	Ley 5-13, art. 11; Decreto 363-16, arts. 20 a 25
Hechos que puedan constituir delito	Ministerio Público	Ley 5-13, art. 140

Tres recomendaciones prácticas, válidas para cualquiera de esas vías: reúne pruebas antes de reclamar (fecha, lugar, nombres, mensajes, fotos, testigos); presenta el reclamo por escrito a la institución y conserva una constancia con número de expediente; y ten a mano el certificado de discapacidad, porque acredita tu condición sin discusión. Si el caso es de discriminación, el paso a paso está en cómo denunciar la discriminación por discapacidad.

Ninguna de estas instituciones cobra por recibir una reclamación, pero los plazos y resultados dependen de cada caso: nadie puede garantizarte de antemano una resolución favorable.

9. Preguntas frecuentes

¿La Ley 5-13 sigue vigente? Sí. Fue promulgada el 15 de enero de 2013 y su reglamento de aplicación es el Decreto 363-16. Es una ley orgánica y sus disposiciones son de orden público.

¿Necesito el certificado del CONADIS para que se respeten mis derechos? Los derechos fundamentales no dependen de un documento, pero en la práctica el certificado es lo que acredita tu condición ante empleadores, instituciones y trámites fiscales, y varios beneficios lo exigen expresamente.

¿La cuota del 2% aplica a cualquier empresa privada? No. Según el artículo 34 del Decreto 363-16, es obligatoria para las empresas cuya nómina sea de al menos 25 empleados, y el cálculo se hace por exceso, redondeando al entero superior. Para el sector público, el 5% del artículo 37 aplica a todas las instituciones del Estado.

¿Quién comprueba que una empresa cumple la cuota? El Ministerio de Trabajo en el sector privado y el MAP en el sector público, ambos en coordinación con el CONADIS (arts. 33 y 36 del Decreto 363-16).

¿Qué son los ajustes razonables y quién debe hacerlos? Son las adaptaciones que permiten a una persona con discapacidad trabajar en igualdad de condiciones. El artículo 91 de la Ley 5-13 encarga al CONADIS procurar que las instituciones públicas y privadas los realicen en el lugar de trabajo, y el reglamento incluye su verificación dentro de la fiscalización laboral.

¿La Ley 5-13 me da derecho a una pensión? No directamente. Las pensiones se rigen por el Sistema Dominicano de Seguridad Social. La Ley 5-13 obliga al Estado a cumplir esa legislación (art. 16) y encarga al CONADIS procurar un apoyo económico especial en casos concretos (art. 89).

¿Puedo importar un vehículo o una ayuda técnica sin impuestos? El artículo 20 y su párrafo I prevén la exención para equipos, materiales, dispositivos de apoyo y medios de transporte, previa certificación y autorización. El trámite pasa por la Certificación de No Objeción del CONADIS y se resuelve ante Aduanas o la DGII.

¿Puedo reclamar por otra persona? Sí. Familiares y tutores pueden presentar reclamaciones en nombre de la persona con discapacidad, y cualquier ciudadano puede alertar al CONADIS sobre barreras de accesibilidad.

¿Un colegio privado está obligado a darme una beca? El artículo 25 del Decreto 363-16 establece que los colegios privados preuniversitarios y las instituciones de educación superior otorguen becas totales equivalentes al menos al 1% de la matrícula inscrita, y al menos una si la matrícula es inferior a 100. La supervisión corresponde al MINERD y al MESCyT.

Fuentes oficiales

Las citas entrecomilladas de esta página proceden del texto oficial de la Ley 5-13 y del Decreto 363-16 publicados por el CONADIS en los enlaces anteriores.

Autor: Equipo editorial de CIRDECADIS · Revisado el: 17 de septiembre de 2026

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